El Gobierno de Canadá autorizó este viernes iniciar el proceso de extradición a Estados Unidos de Meng Wanzhou, directora financiera de la multinacional china de telecomunicaciones Huawei, lo que amenaza con profundizar aún más la tensión entre Ottawa y Pekín.
El Gobierno de Canadá autorizó este viernes iniciar el proceso de extradición a Estados Unidos de Meng Wanzhou, directora financiera de la multinacional china de telecomunicaciones Huawei, lo que amenaza con profundizar aún más la tensión entre Ottawa y Pekín.
"Hoy, funcionarios del Departamento de Justicia de Canadá emitieron una autorización para proceder formalmente a iniciar el proceso de extradición en el caso de Meng Wanzhou", anunció el Ministerio de Justicia en un comunicado.
La nota agrega que, "durante la vista de extradición, la Fiscalía presentará detallados argumentos en sus alegatos, en los que se presentarán pruebas y serán parte del historial público".
Meng fue detenida el pasado 1 de diciembre en la ciudad canadiense de Vancouver cuando se dirigía a México.
"Hoy, funcionarios del Departamento de Justicia de Canadá emitieron una autorización para proceder formalmente a iniciar el proceso de extradición en el caso de Meng Wanzhou"
En enero, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Huawei, a dos compañías afiliadas y a Meng de trece cargos de fraude y conspiración para saltarse las sanciones impuestas por Washington a Irán.
Meng se encuentra actualmente en libertad bajo fianza y tiene prohibido abandonar su mansión en Vancouver. Además, ahora deberá comparecer el próximo 6 de marzo ante el Tribunal Supremo de la provincia de Columbia Británica para iniciar el proceso de extradición.
Este trámite puede durar años, especialmente dado que Meng tiene a su disposición la inmensa fortuna de su padre, Ren Zhengfei, que la Fiscalía ha valorado en 3.200 millones de dólares.
Inmediatamente después de que el Ministerio canadiense de Justicia diese a conocer su decisión, la embajada china en Canadá emitió un comunicado en el que Pekín criticó a Ottawa por lo que llama "persecución política" contra Huawei.
"Este no es solo un caso judicial, sino una persecución política contra una empresa de alta tecnología china. Los hechos acontecidos lo han probado", dice la nota de la legación diplomática.
El texto agrega que "el llamado 'imperio de la ley' y 'la independencia judicial' proclamada por Canadá no puede ocultar los errores cometidos por los canadienses en el caso de Meng Wanzhou".
Desde que el arresto de Meng, el Gobierno canadiense ha proclamado que sus manos estaban atadas por la independencia de poderes, y que la decisión sobre el futuro de la directiva de Huawei recaía exclusivamente en el sistema judicial del país.
No obstante, la embajada china acusó al Ejecutivo de Canadá de "obvia interferencia política" en el caso de Meng.
"Si Canadá realmente acata el principio del imperio de la ley y la independencia judicial, debería rechazar la petición de extradición de Estados Unidos e inmediatamente liberar a Meng Wanzhou de acuerdo a la ley de extradiciones de Canadá", subrayó la legación.
Esta decisión amenaza con agudizar la grave crisis diplomática entre Canadá y China desencadenada por este caso.
En diciembre de 2018, tras la detención de Meng, China arrestó a dos canadienses, el diplomático Michael Kovrig y el empresario Michael Spavor, bajo la acusación de poner en peligro la seguridad nacional china.
Ambos siguen apresados en el país asiático y con restringido acceso a los representantes diplomáticos canadienses en China, así como a sus abogados.
La tensión con China coincide en un momento en que el Gobierno canadiense se encuentra inmerso en un escándalo por las acusaciones contra el primer ministro, Justin Trudeau, de que intentó interferir políticamente en un caso que afecta a la mayor constructora del país, SNC-Lavalin.
Esta semana, la que fuera ministra de Justicia de Trudeau Jody Wilson-Raybould acusó al jefe del Gobierno de presionarla para lograr un trato de favor para SNC-Lavalin, compañía que podría ser condenada por corrupción en una causa por presunto pago de sobornos en Libia al régimen del fallecido Muamar el Gadafi.