El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó el jueves 11 de junio sanciones económicas para los funcionarios de la Corte Penal Internacional (CPI), quienes estudiaban a tropas estadounidenses y sus aliados.
Medida que se llevó a cabo justo cuando el tribunal investigaba los presuntos crímenes de guerra cometidos por tropas en Afganistán, por lo que Trump tomó represalías contra estos funcionarios al bloquearles propiedades que puedan tener bajo jurisdicción estadounidense como también la ampliación de las restricciones de viajes al país.
Asimismo, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, señaló que, "las acciones de la Corte Penal Internacional son un ataque contra los derechos de los estadounidenses y amenazan con infringir nuestra soberanía nacional", señalando también tener “fuertes razones para creer que hay corrupción y mala conducta a los más altos niveles de la Oficina del Fiscal (cargo ocupado por la fiscal Fatou Bensouda).
McEnany también manifestó que, “pese a los repetidos llamados de EE.UU., la Corte no ha tomado acción alguna para su reforma y ha continuado persiguiendo investigaciones motivadas políticamente contra nosotros y nuestros aliados, incluido Israel”.
Por lo que, el gobierno de Trump recordó que su país no forma parte del Estatuto de Roma, siendo rechazadas continuamente las afirmaciones de que la CPI tiene jurisdicción sobre el personal de Estados Unidos.