Luego de que renunciara a su cargo tras tres semanas de protestas en su contra debido a las irregularidades detectadas en los comicios de octubre, el expresidente boliviano Evo Morales asilado en México desde el pasado martes 12 de noviembre.
Jeanine Áñez pasó a ser la nueva presidenta interina de Bolivia hasta que se lleven a cabo los nuevos comicios. Pero allí no acaba el asunto, las investigaciones en contra del ex mandatario siguen su curso, esta vez Morales fue acusado formalmente el jueves 21 de noviembre de terrorismo y sedición por el gobierno interino del país.
Las acusaciones por estos delitos se generaron luego de conocerse un audio en el que se identificó la voz del expresidente, en el que supuestamente incita a que se lleven a cabo diferentes bloqueos en las ciudades del país.
Según Arturo Murillo, ministro interino de Gobierno, anunció que la administración de Áñez exige las máximas penas por estos delitos. También asevera lo siguiente: “Las pruebas están claras. Evo dice que maten a los bolivianos haciendo cerco a las ciudades”.
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“Que no entre comida a las ciudades, vamos a bloquear, cerco de verdad”, dice Morales cuando se comunicaba con el dirigente cocalero, Faustino Yucra Yarmi.
En Bolivia las condenas por terrorismo van de 15 a 20 años de cárcel, y la sedición de uno a tres años. Aunque Morales es el principal acusado, el exministro de Presidencia Juan Ramón Quintana está incluido en la denuncia, teniendo en cuenta que el ex militar tuvo un papel importante en los Gobiernos de Evo, y de quien cuyo paradero se desconoce.
Por el momento, el Ministerio Público investiga la veracidad del video, pidiendo a la Cancillería de Bolivia que contacte con la de México por si necesita su apoyo ya que allí reside el expresidente actualmente.
De acuerdo a las declaraciones de Juan Lanchipa, fiscal general del Estado, se solicitó a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, 'Entel', que proporcione información si el teléfono desde el que supuestamente habla Morales desde México es del Estado boliviano. “Si fuera así, podría incurrir en un uso indebido de bienes del Estado”, afirma Lanchipa.
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